DHS Issues “New” Worksite Enforcement Guidelines That Are Simply More of the Same

LOS ANGELES, Calif. – The National Immigration Law Center (NILC) is disappointed at the so-called new directive on worksite enforcement issued by Department of Homeland Security (DHS) Secretary Janet Napolitano today and announced via a DHS press release. The directive itself has not been made public at this time.

The press release announces a new emphasis on criminal prosecutions of employers and expanding coverage of humanitarian guidelines. But at the same time, DHS reports that U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) will continue to detain undocumented workers in workplace raids.

“Americans had been awaiting meaningful change under the Obama administration, but all we’ve gotten seems to be more of the same type of ineffective and costly immigration enforcement that we saw with the mass ICE raids under the Bush administration,” stated Marielena Hincapié, executive director of NILC. “We have seen the terrorizing effect ICE raids have had on families who have been ripped apart, children who have been abandoned, workers who have courageously come forward to report labor violations only to be detained, and on local economies which have been severely impacted. It is simply unacceptable that these ‘new’ guidelines are the administration’s response to the millions of people demanding rational and humane immigration policies,” said Hincapié.

The directive purportedly shifts the focus toward employers engaged in criminal activity. The press release does not even mention access to legal protections for workers who are victims of employer misconduct, such as access to visas for victims of human trafficking or other crimes, or as material witnesses to crimes. “We support an enforcement scheme that goes after employers who are flaunting the nation’s immigration and criminal laws as well as undercutting businesses that do play by the rules. But the directive does not address the root causes of why employers recruit, hire, and exploit undocumented workers to begin with,” said Nora Preciado, employment policy attorney with NILC. “This is a missed opportunity by the administration to focus on employers engaged in egregious labor violations and to see workers as essential to these prosecutions. Instead immigrant workers across the nation will be pushed deeper into the shadows of our economy,” added Preciado.

The DHS press release states the agency plans to expand the existing humanitarian guidelines to worksite raids involving more than 25 undocumented workers. While this reflects a change from the previous threshold of 150, NILC’s experience in supporting local groups in response to ICE raids has shown us that the humanitarian guidelines are fraught with more serious problems that should have been addressed. The humanitarian guidelines need to be improved so they are uniformly followed by local ICE agents and guarantee that workers are not detained when alternatives to detention are available, obtain prompt access to counsel, and limit the transfer of detained immigrants away from their homes and families.

“This new guidance sends a strong message to the millions of Latinos who voted for change when they elected President Obama that this administration is not serious about change and protecting the rights of workers. The stakes are even greater now for a broad and just immigration reform that will allow immigrant workers to come out of the shadows to continue contributing to the nation’s economy and participating fully in their communities,” concluded Hincapié.

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DHS anuncia “nueva” directiva sobre redadas en lugares de trabajo que son simplemente más de lo mismo

LOS ANGELES — El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) se encuentra decepcionado por la supuesta nueva directiva sobre las redadas migratorias en lugares de trabajo que la Secretaria Janet Napolitano otorgó hoy y anunciado por el Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) por medio de un comunicado de prensa. La directiva en si no se ha publicado.

El comunicado de prensa del DHS anuncia un nuevo énfasis en procesos penales en contra de empresarios y busca ampliar la cobertura del protocolo humanitario. Sin embargo al mismo tiempo establece que el Departamento de Migración y Aduanas (ICE) seguirá deteniendo a trabajadores indocumentados en lugares de trabajo por medio de redadas.

“Los estadounidenses han estado esperando un cambio significativo por parte de la administración de Obama pero parece ser que todo lo que hemos conseguido es más del mismo tipo de cumplimiento ineficaz y costoso de las leyes de migración que hemos visto durante las redadas masivas bajo la administración de Bush”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC. “Hemos sido testigos del efecto aterrorizante que las redadas de ICE han tenido en las familias que han sido desgarradas, niños que han sido abandonados, trabajadores que valientemente se han quejado de violaciones de derechos sólo para ser detenidos, y economías locales que se han visto afectadas de manera grave. Es simplemente inaceptable que estas “nuevas” directivas sean la respuesta que la administración le da a las millones de personas que estan exigiendo políticas migratorias racionales y humanas,” acertó Hincapié.

La directiva supuestamente cambia el enfoque de la ley hacia los empresarios envueltos en actividades criminales . El comunicado de prensa ni siquiera menciona el acceso a la protección jurídica de los trabajadores que son víctimas de mala conducta del empleador, tales como acceso a visas para las víctimas del tráfico de seres humanos u otros crímenes, o para testigos importantes de delitos. “Estamos a favor de un régimen que castiga a los empleadores que abiertamente están violando las leyes migratorias y penales, así como aprovechándose de su competencia que sí cumplen con la ley. Sin embargo la directiva no enfrenta las verdaderas causas del por qué los empleadores reclutan, contratan y explotan a trabajadores indocumentados,” dijo Nora Preciado, abogada de NILC. “El gobierno ha desperdiciado una oportunidad para enfocarse en los empresarios que participan en graves violaciones de derechos de los trabajadores y para reconocer que los trabajadores son esenciales en cualquier proceso penal contra los empleadores. En cambio los trabajadores inmigrantes en toda la nación serán empujados aún más a las penumbras de nuestra economía,” agregó Preciado.

El comunicado de prensa del DHS también anuncia planes de ampliar el protocolo humanitario aplicable durante redadas que afectan a más de 25 trabajadores indocumentados. Si bien esto refleja un cambio al anterior mínimo de 150 trabajadores, las experiencias de NILC al apoyar a grupos locales respondiendo a las redadas nos ha demostrado que el protocolo humanitario se encuentra lleno de problemas más graves que deberían haber sido corregidos. El protocolo humanitario debe mejorarse para que sea obedecido de manera uniforme por todos los agentes del ICE y para garantizar que los trabajadores no sean detenidos cuando alternativas a la detención estén disponibles, para asegurar el rápido acceso a un abogado, y para disminuir la frecuencia con que inmigrantes detenidos son llevados a lugares lejos de sus hogares y familias.

“Esta nueva directiva envía un fuerte mensaje a los millones de Latinos que votaron por el cambio cuando eligieron al Presidente Obama de que este gobierno no está tomando en serio el cambio y la protección de los derechos de los trabajadores. Lo que se encuentra en juego es aún mayor en cuanto a la necesidad de una reforma migratoria amplia y justa que permita a los trabajadores inmigrantes salir de las sombras para seguir contribuyendo a la economía de la nación y a participar plenamente en sus comunidades,” concluyó Hincapié.