La ley Dignidad de 2025: un enfoque anticuado y dañino acerca de la reforma migratoria

La ley Dignidad ofrece protección limitada ante la deportación, pero solo a cambio de crear más muros fronterizos y centros de detención: esto reduce el debido proceso para quienes buscan asilo y aumenta las sentencias criminales relacionadas a inmigración. Este “intercambio” representa el dañino enfoque legislativo de larga data que une la protección a comunidades migrantes indocumentadas con mayor militarización en la frontera y control migratorio.

Este enfoque ha llevado al Congreso a canalizar cantidades inimaginables de dinero y recursos para el control migratorio y militarización de la frontera durante muchos años, y al mismo tiempo fracasar en la protección de millones de miembros de la comunidad migrante. Al día de hoy, las agencias de control migratorio estadounidenses cuentan con mayor financiamiento que las milicias de la mayoría de países; sin embargo, muchos inmigrantes indocumentados que han vivido en los EE. UU. por años aún carecen de protección y suelen vivir con miedo y evitan ir al doctor, al colegio, a la iglesia e incluso a las tiendas de abarrotes por la amenaza constante de ser detenidos y separados de su familia.

El Congreso debe rechazar la idea de que la legislación solo puede proteger a comunidades migrantes si daña otras, especialmente en este momento político.

La versión de la ley Dignidad de 2023 incluía un camino hacia la ciudadanía para miembros indocumentados de la comunidad, pero la versión de 2025 elimina ese camino (excepto para algunos Dreamers, personas que llegaron a los EE. UU. durante su niñez). Para la mayoría de inmigrantes indocumentados que sí califican y para las personas que cuentan con el Estatus de protección temporal (TPS), este proyecto de ley solo ofrece una protección temporal llamada “Dignity Status” (estatus Dignidad) y para conseguirla deben completar un proceso de solicitud largo, costoso y difícil. Si bien el estatus Dignidad los protegería ante una deportación y les permitiría trabajar, no los encamina a la ciudadanía. 

Qué dice acerca del  “Dream Act” 

• Las personas que vinieron a los EE. UU. con 18 años o menos y que han vivido en los EE. UU. desde el 1 de enero de 2021 pueden solicitar el estatus de residencia permanente (“green card”) y un camino hacia la ciudadanía; y las personas que ya cuenten con Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA) pueden completar este proceso con mayor rapidez. 

• Quienes lo soliciten deben cumplir con los requisitos de educación, servicio militar o trabajo. 

• El programa excluye hasta a las personas que cuenten con antecedentes delictivos (lo que incluye cualquier felonía o dos a más delitos menores), también incluye un proceso de “revisión secundaria” que permite al Departamento de seguridad nacional (DHS) denegar solicitudes en base a riesgos poco claros de “seguridad pública”; y es mucho más reducido que el Dream Act original e impedirá que muchos Dreamers puedan seguir el camino hacia la ciudadanía. 

Qué dice acerca del “Dignity Program” 

• Las personas que han estado en los EE. UU. desde el 31 de diciembre de 2020 pueden solicitar protección contra ser deportados, permiso de trabajo y permiso para viajar. El estatus Dignidad dura siete años y se puede renovar cuantas veces desee. 

• El estatus Dignidad no incluye la residencia permanente ni un camino hacia la ciudadanía, algo que la versión anterior de este proyecto de ley sí incluía. 

• Las personas deben probar su inscripción estudiantil (sea en una universidad o escuela técnica) o contar con un trabajo regular. 

• Deben pagar una tarifa de 7000 USD (más la tarifa de solicitud), además deben pagar los impuestos atrasados de los últimos 10 años y un impuesto sobre la renta extra del 1 %. Quienes ya contaban con TPS antes de que el proyecto de ley sea aprobado no tienen que pagar la tarifa de 7000 USD. 

• El programa excluye hasta a las personas que cuenten con antecedentes delictivos, lo que incluye cualquier causal actual de inadmisibilidad, cualquier felonía, o dos a más delitos menores. 

• Las personas indocumentadas que no postulen al Dignity program dentro de un año deben salir de los EE. UU.. 

• Quienes ingresen al programa no pueden recibir beneficios federales en base a sus necesidades, tales como Medicaid y el Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP). 

Este proyecto de ley también crea una nueva forma para luchar contra una orden de deportación si el migrante cuenta con cónyuges, progenitores o hijos estadounidenses. Para algunas personas también puede abrir un camino hacia la ciudadanía a través de opciones migratorias ya existentes. 

La versión reciente de la ley Dignidad presentada en 2025 creó mucha preocupación en el Centro nacional de leyes migratorias (NILC), este nuevo proyecto de ley crearía una persona de segunda categoría en los EE. UU. de forma permanente: las personas con estatus Dignidad estarían protegidas ante la deportación, pero su futuro dependería de las decisiones que tomen los legisladores sobre el programa más adelante. Quienes cuenten con el estatus Dignidad no tendrían permiso para traer a sus cónyuges y otros familiares cercanos para vivir con ellos en los EE. UU., tampoco se les permitiría recibir la importante ayuda de programas de apoyo de alimentación y cuidado de la salud, y no podrían votar. Lo que es más, incluso la protección limitada del programa estaría fuera del alcance de muchas personas que no pueden pagar las tarifas elevadas. 

La protección ante deportación y el permiso para trabajar son fundamentales y pueden cambiar la vida de las personas, pero la inclusión plena en la sociedad estadounidense no debería estar fuera del alcance de millones de inmigrantes que viven aquí y vuelven más vibrantes nuestras comunidades. 

Actualmente el enfoque pro control migratorio del gobierno de Trump es sumamente impopular. El Congreso podría utilizar este momento para apoyar un proyecto de ley que rechace dicho control, pero este proyecto de ley realiza lo opuesto: demanda mayor detención, mayor construcción de muros en la frontera y mayor criminalización de las comunidades migrantes.

• Este proyecto de ley demanda construir más muros fronterizos y permite a DHS ignorar cualquier ley que se ponga en su camino.
• Crea un nuevo sistema de centros de detención a lo largo de la frontera bajo el nombre de “campuses humanitarios.” DHS podría detener aquí a las personas que busquen asilo, incluso familias, mientras se realizan sus entrevistas de asilo.
• Aumenta las ya duras imposiciones condenatorias para múltiples ofensas relacionadas a la migración, y crea nuevos crímenes migratorios.
• Exige que todos los empleadores utilicen E-Verify sin importar qué tan pequeño sea el negocio, lo que puede poner en riesgo a los trabajadores si un empleador decide usarlo para castigar a las personas que se quejen sobre condiciones de trabajo injustas.
• Vuelve más difícil ser patrocinador de un niño no acompañado, lo que significa que más niños se quedará bajo custodia del gobierno por más tiempo en vez de vivir con patrocinadores que suelen ser familiares cercanos.

Este proyecto de ley cambia la forma en la que las personas pueden pedir asilo al llegar a la frontera de los EE. UU.: este nuevo proceso les da poco tiempo para preparar su caso y elimina protecciones necesarias al debido proceso (como la revisión de un juez).

• Este proyecto de ley exige a DHS la creación de al menos tres centros de detención a lo largo de la frontera a cargo de la Oficina de aduanas y protección de fronteras (CBP) bajo el nombre de “campuses humanitarios”. CBP tendría detenidas a personas, incluso a familias, mientras sus casos de asilo son resueltos. También exige reglas básicas de salud y seguridad, programas para conocer sus derechos y con acceso a abogados.
• Crea un nuevo proceso fronterizo que permite a los oficiales de asilo de DHS decidir sobre casos de asilo muy rápidamente, con poco tiempo para que quienes buscan asilo puedan juntar evidencia o entender la ley. En este nuevo proceso, la mayoría de personas no tendrían la oportunidad de ver a un juez de inmigración y elimina su revisión en cortes federales. La revisión de jueces es una protección crucial para el debido proceso y asegura que EE. UU. no deporte a nadie de vuelta al peligro, pero la ley actual de los EE. UU. lo prohíbe.
• Especifica que solo se puede solicitar asilo en la frontera si ingresan por un puerto de entrada, lo que perjudicaría a los más vulnerables (como personas con discapacidad o quienes hablen idiomas minoritarios) quienes quizás no logren llegar a un puerto de entrada luego del peligroso viaje para escapar de la violencia. La ley actual de los EE. UU. y el derecho internacional indican que todas las personas pueden solicitar asilo en la frontera, incluso si ingresan entre puertos de entrada.

Ubicaciones sensibles: el proyecto de ley indica que los oficiales de inmigración en general no pueden imponer el control migratorio en o cerca de ubicaciones sensibles como escuelas o iglesias, con excepción de algunas condiciones específicas. Sin embargo, esta parte del proyecto de ley limita menos las acciones de ICE en estas ubicaciones en comparación a H.R. 1061 (ley de Ubicaciones sensibles presentada por el congresista Adriano Espaillat (D-NY)).

Preevaluación de asilo y locales de reunificación familiar: permite que DHS estructure hasta tres centros en Sudamérica y Centroamérica. El equipo de DHS también podría ayudar a los hijos de las personas que ya cuenten con un estatus legal en los Estados Unidos con el inicio del proceso de reunificación familiar.

Reforma del proceso de visa: incrementa el límite disponible de visas para inmigrantes y protege a los niños dentro de los EE. UU. que tienen padres con visas legales para que no pierdan la elegibilidad de algunas visas una vez que lleguen a cierta edad.