Se sostiene mandato judicial

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Martes, 31 de julio de 2007

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Se sostiene mandato judicial: Juez encuentra extensos maltratos y abusos en los centros de detención de Inmigración

Evidencia inquietante de que los derechos de los solicitantes de asilo no son respetados

LOS ÁNGELES — En una evaluación nacional sobre los derechos legales de los inmigrantes en centros de detención, una juez federal halló graves violaciones de los estándares decretados por el propio gobierno.

La juez de la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Margaret M. Morrow, examinó los reportes nunca antes publicados sobre las condiciones de más de 200 instalaciones de detención de inmigración y encontró múltiples problemas en los centros, como la falta de acceso a teléfonos, abogados y materiales legales por parte de miles de inmigrantes solicitantes de asilo o solicitantes de peticiones legítimas a la residencia legal. La corte examinó las miles de páginas de los reportes del gobierno que evaluaban las condiciones de las instalaciones en todo el país y reportes similares de una oficina de las Naciones Unidas y la Barra de Abogados Americanos (American Bar Association). Estos reportes demostraron que los inmigrantes detenidos de todos los países se enfrentaban a problemas similares.

“El trato del gobierno hacia los inmigrantes traiciona su propia promesa de igualdad y de debidas garantías procesales”, sostiene Linton Joaquin del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center), abogado que encabezó el caso.  “El gobierno no debe privar a los inmigrantes en detención de los derechos básicos a las debidas garantías procesales, como acceso a abogados, bibliotecas de materiales legales y el permiso de hacer llamadas a familiares.”

Los hallazgos de la juez se expusieron en un fallo finalizado el 26 de julio, el cual sostuvo un mandato a nivel nacional para proteger a los inmigrantes Salvadoreños solicitantes de asilo en los Estados Unidos.  El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California (ACLU por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, se opusieron a la solicitud del gobierno de ponerle fin al mandato judicial que ordena que el gobierno trate de manera justa a los inmigrantes que se encuentren en centros de detención.

La juez Morrow dictó que existe suficiente evidencia que demuestra “múltiples infracciones de disposiciones vitales del mandato con relación al acceso de los inmigrantes detenidos a materiales legales, uso de teléfono y visitas de abogados.” La corte también halló que a pesar de que la guerra civil ha terminado en ese país, inmigrantes de El Salvador continúan teniendo peticiones legítimas de asilo y que ellos, como todos los inmigrantes, deben de recibir las debidas garantías procesales.

El fallo coincide con los recientes reportes del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security)  y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (Government Accountability Office) los cuales exponen problemas similares de los centros de detención.

“Lo que está pasando con los inmigrantes en los centros de detención debería perturbarnos a todos,” afirmó la abogada del ACLU/SC, Ranjana Natarajan.  “Aquellas personas que estén buscando en los Estados Unidos amparo y protección contra la tortura y la persecución, merecen una audiencia justa y respeto hacia sus derechos básicos.”

El equipo de abogados encargados del caso incluye a Linton Joaquin y Karen Tumlin del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Ranjana Natarajan y Mark Rosenbaum de la ACLU del Sur de California y Jennifer Chang, Lucas Guttentag, Judy Rabinovitz  y Mónica Ramírez del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

Asistencia pro bono fue otorgada por las firmas de abogados de Holland & Knights y Orrick, Herrington & Sutcliffe.