La Constitución de los Estados Unidos establece que toda persona nacida en su territorio y sujeta a su jurisdicción es ciudadana estadounidense. Hoy, la Corte Suprema decidió el caso Trump vs. CASA, el cual impugna la Orden Ejecutiva 14160 que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres no cuentan con estatus migratorio regular o tienen ciertos estatus migratorios.
La Corte Suprema no decidió el fondo de la cuestión sobre si la Orden Ejecutiva es constitucional o si algunas personas, incluso nacidas en Estados Unidos, no son ciudadanas estadounidenses. En lugar de fallar sobre el fondo, una mayoría de 6 Ministros (de 9) decidió el caso basándose en cuestiones procedimentales: sostuvieron que el recurso emitido por los tribunales de distrito en este caso era inapropiado. Tres tribunales de distrito independientes habían emitido una “orden cautelar nacional” —que la Corte Suprema ahora denomina “orden cautelar universal”— dictaminando que la Orden Ejecutiva era inconstitucional y que no podía aplicarse en ningún lugar de Estados Unidos.
La Corte Suprema decidió que esas órdenes cautelares nacionales—nationwide injunctions en inglés—son un tipo inapropiado de reparación cuando van más allá de lo necesario para resarcir los derechos de las partes que participan en un caso específico. Según la mayoría, los tribunales de distrito debieron haber decidido este caso únicamente con respecto a las partes que presentaron la demanda, la cual no fue presentada como acción colectiva.
Es importante destacar que la Suprema Corte también indicó que la Orden Ejecutiva no entrará en vigor hasta dentro de 30 días.
Tal y como lo señala uno de los votos disidentes, este fallo plantea más preguntas que respuestas. ¿Acaso la Corte prevé que algunas cuestiones constitucionales fundamentales, como la ciudadanía por nacimiento, podrían tener diferentes respuestas y aplicaciones en distintas partes del país? Aparentemente sí. Por ejemplo, si el gobierno federal promulgara políticas claramente contrarias al lenguaje explícito de la Constitución —como el fin de la esclavitud (Enmienda 13), el derecho al voto de las mujeres (Enmienda 19) o cualquier otro principio claramente establecido de nuestra democracia—, los tribunales de distrito no podrán emitir medidas cautelares a nivel nacional.
Es posible que las partes en este litigio soliciten la certificación de la demanda como acción colectiva, lo cual la mayoría parece considerar el vehículo adecuado para órdenes judiciales de alcance nacional. Prevemos que los tribunales de distrito emitirán nuevas órdenes durante los próximos treinta días.
Un punto importante para cualquier persona que esté esperando un bebé en las próximas semanas es que nada cambia durante los próximos 30 días: toda persona nacida en Estados Unidos sigue siendo ciudadana estadounidense. Pero sin lugar a dudas, este fallo dificultará que los tribunales dicten medidas cautelares en casos que involucren cuestiones de alcance nacional, como las relacionadas con las políticas migratorias.
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