TEXAS V. U.S. / U.S. V. TEXAS
El Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema que revise la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito

20 de NOVIEMBRE de 2015

El 20 de noviembre de 2015, el Departamento de Justicia de EE.UU. sometió una petición, conocida como writ of certiorari, con la Corte Suprema de EE.UU., pidiéndole que revise la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que mantiene bloqueada a nivel nacional la implemen­tación de dos de las iniciativas de inmigración del Presidente Obama. La petición fue sometida en el primer aniversario del anuncio de las iniciativas de Acción Diferida para los Padres de Americanos y Residentes Legales Permanentes (DAPA) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), las cuales fueron bloqueadas temporalmente por un tribunal federal de distrito hace nueve meses.

En su petición a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia le pidió que considere tres cuestiones:

1. Si un estado tiene el derecho legal de entablar una demanda en contra de las acciones ejecutivas del presidente basado en su decisión de proveer subsidios a ciertos beneficios estatales a los individuos que califican bajo las iniciativas de DAPA y DACA ampliada.
2. Si las iniciativas de DAPA y DACA ampliada se conforman a la ley federal de inmigración.
3. Si el gobierno federal estaba obligado a seguir el proceso de notificación y comentarios bajo la Ley de Proceso Administrativo (APA por su sigla en inglés) cuando creó las iniciativas de DAPA y DACA ampliada.

Este caso es de importancia nacional ya que más de cinco millones de inmigrantes se beneficiarían bajo DAPA y DACA ampliada al obtener protección temporal de deportación y poder solicitar un permiso de trabajo.

El Departamento de Justicia alega que permitir que los estados sometan demandas judiciales cuando están en desacuerdo con políticas del gobierno federal frustraría su habilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación, una obligación exclusiva del gobierno federal, la cual la Corte Suprema ha aclarado anteriormente. El Departamento de Justicia también argumenta que las iniciativas de DAPA y DACA ampliada se conforman a las leyes federales. La petición también señala que el gobierno federal históricamente ha ejercitado su autoridad de poder decidir a quién dar prioridad para deportación y que factores tomar en cuenta, como por ejemplo, si una persona tiene nexos largos y duraderos a los Estados Unidos, incluyendo cuanto tiempo reside en el país y que lazos familiares tienen en EE.UU. así como si un individuo tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Y, finalmente, el gobierno federal argumenta que la política que establece DAPA y DACA ampliada está excluida del requerimiento del proceso de notificación y comentarios.

¿Qué sucederá ahora?

Ahora que el Departamento de Justicia ha pedido que la Corte Suprema revise el caso, los 26 estados que demandaron al gobierno federal tendrán la oportunidad de alegar que la Corte no debe tomar el caso y en vez debe dejar que continúe el bloqueo nacional de DAPA y DACA ampliada. La Corte Suprema considerará ambos lados y decidirá si revisará el caso en los próximos meses. Mientras tanto, simpatizantes de ambos lados tendrán la oportunidad de proveer más información a la Corte Suprema a través de escritos legales conocidos (en latín) como amicus curiae o “amigo de la corte”.