Qué significa la orden ejecutiva de Trump que afecta las deportaciones y ciudades “santuario”

Qué significa la orden ejecutiva de Trump que afecta las deportaciones y ciudades “santuario”

Última actualización 10 de FEBRERO de 2017 | English version

La orden ejecutiva (EO, por su sigla en inglés) firmada por el presidente Trump el 25 de enero podría cambiar drásticamente la manera de hacer cumplir las leyes de inmigración en el interior de los Estados Unidos, según cómo se interprete y se ponga en práctica. La EO se titula “Aumento de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos”.[1] En general, las actividades de cumplimiento de las leyes migratorias que se desarrollan en el interior de EE.UU., alejado de las regiones fronterizas, se conocen como “cumplimiento interior”.

La orden ejecutiva propone cambios importantes en el cumplimiento interior

Entre otras cosas, la EO

  1. propone triplicar la cantidad de agentes disponibles para el cumplimiento de las leyes migratorias;
  2. expande drásticamente lo que el gobierno considera una prioridad de deportación;
  3. facilita la deportación de inmigrantes sin debido proceso; y
  4. amenaza con cortar fondos críticos federales a las jurisdicciones que se han propuesto ganar la confianza de sus residentes inmigrantes.

La EO pone en peligro el debido proceso y otras protecciones de derechos constitucionales que benefician a todas las personas, sin importar su condición migratoria. La EO también alienta el uso de perfiles raciales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los agentes del orden locales. En otras palabras, esta EO tiene consecuencias negativas severas para el bienestar y la seguridad de todas las comunidades, tanto las inmigrantes como las que no lo son.

Ordena que se triplique la cantidad de agentes de ICE

La EO ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que contrate 10,000 nuevos agentes de ICE, en la medida que la ley y la asignación de fondos por parte del Congreso lo permita. La contratación de 10,000 agentes nuevos triplica la fuerza actual de ICE de 5,000 agentes.

No es fuera de lo común que los agentes de ICE violen los derechos civiles, mientan o traten de engañar a la gente, y tengan otro tipo de conducta indebida cuando realizan su trabajo de cumplimiento de las leyes migratorias. Al triplicar la cantidad de agentes de ICE, su presencia en las calles, las cárceles y otros lugares aumentará. Ello intensificará el clima de miedo que ya ha descendido sobre muchas comunidades de inmigrantes, y la cantidad de abusos cometidos por los agentes de ICE aumentará tanto en número como en intensidad.

Expande drásticamente las “prioridades de cumplimiento” de ICE

Como el gobierno federal no tiene recursos para deportar a todas las personas que se encuentran indocumentadas o son deportables en los EE.UU., concentra sus esfuerzos en aquellos que considera “prioritarios” para su tarea de cumplimiento.

Durante la administración Obama, DHS hizo una revisión formal de sus prioridades de cumplimiento el 20 de noviembre de 2014, en respuesta a una crítica generalizada sobre el gran aumento en la cantidad de deportaciones. Si bien seguían siendo amplias, las prioridades se concentraron en (1) gente que tenía ciertas condenas penales (delitos graves agravados, delitos graves, delitos menores significativos, o tres o más delitos menores) y (2) gente que ingresó o volvió a ingresar a EE.UU. sin permiso después del 1 de enero de 2014. Si bien no siempre se respetaron, estas prioridades crearon parámetros más limitados y realistas para las acciones de cumplimiento de ICE.

Bajo la nueva EO, sin embargo, las categorías de prioridades se han ampliado enormemente. Son tan numerosas y amplias que, de hecho, la EO elimina toda noción de prioridad en la práctica. Las nuevas prioridades incluyen la deportación de todo no ciudadano amovible:

  • Que tiene una orden de deportación final y no ha salido de EE.UU.
  • Que tiene un “cargo penal pendiente, y dicho cargo no ha sido resuelto”. Esto incluye a personas con cargos pendientes, incluso si han sido liberadas y los cargos se podrían desestimar más adelante. No se sabe bien cómo ICE determinará qué cargos han sido “resueltos”.
  • Que ha “cometido actos que podrían dar lugar a un cargo de infracción penal”. Esto puede incluir a cualquiera que ha hecho algo alguna vez que se podría considerar un delito penal. Por ejemplo, un no ciudadano deportable que tomó una bebida alcohólica una vez cuando era menor de edad, sin importar hace cuánto tiempo ocurrió, podría ser una prioridad de cumplimiento bajo esta disposición de la EO. No se sabe si ICE publicará o no directivas para aclarar la interpretación de esta disposición, ni cuándo lo hará.
  • Que se sospecha haber cometido fraude o falsificación intencional en su caso de inmigración.
  • Que “abusó” de un programa de beneficios públicos. La EO no define el término “abusó” ni especifica lo que podría incluir un “abuso”. Tampoco especifica qué programas están incluidos en esta prioridad ni cómo interpretar en general en qué consiste un “beneficio público”.
  • Que “a juicio de un agente de inmigración … crea un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”. Esta es otra categoría demasiado amplia y extremadamente imprecisa. Los agentes del orden regularmente juzgan que un individuo es una amenaza a la seguridad pública simplemente por su apariencia o su presencia en un vecindario en particular. Por ejemplo, en el pasado era suficiente que uno se encuentre en una base de datos sobre miembros de pandillas, o personas sospechosas de ser miembros de pandillas, para ser considerado una amenaza a la seguridad pública, aunque haya sido colocado en la base de datos debido a su perfil racial o de otro tipo.

Dependiendo de cómo y quién implemente estas prioridades, casi toda persona no ciudadana y deportable puede ser considerada una prioridad de deportación bajo esta EO publicada el 25 de enero. Cualquier adulto cuya deportación fue ordenada cuando era menor de edad y que no sepa de la existencia de la orden de deportación es ahora una prioridad. Y cualquier persona indocumentada acusada de un delito y puesta en libertad a la espera de su audiencia en la corte es ahora una prioridad.

La consecuencia de estos cambios es que más agentes de inmigración y agentes locales del orden público podrán detener a personas sospechadas de ser inmigrantes simplemente por su perfil racial, y considerarlas “prioritarias” para hacer cumplir las leyes migratorias. Los agentes del orden pueden parar y arrestar a una persona con cualquier pretexto, como por ejemplo porque parecen “extranjeros” o “sospechosos” (debido al color de su piel) o porque uno de los faros de freno de su carro no funciona, para poder encontrar alguna prueba de que han hecho algo ilegal — y ahora será mucho más probable que sea deportada. Una vez que una persona sea arrestada y acusada de cometer un delito, bajo la EO del 25 de enero se convertirá en una prioridad de cumplimiento simplemente por haber sido acusada, y es probable que se la transfiera a ICE.

Más acuerdos 287(g) locales darán lugar a más perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden

Por medio del programa 287(g), las jurisdicciones locales llegan a acuerdos con DHS para permitir que ciertos agentes del orden locales puedan hacer cumplir las leyes migratorias federales. En la actualidad, ICE tiene acuerdos 287(g) con 32 agencias del orden en 16 estados,[2] mucho menos que en años anteriores debido a los efectos abusivos ampliamente documentados del programa. Bajo la EO del 25 de enero, sin embargo, el programa puede llegar a expandirse en forma extendida y sin control.

Un informe de la Universidad de Illinois de 2013 que encuestó a latinos de varios países que vivían en EE. UU. concluyó que en el 70 por ciento de los casos de inmigrantes latinos no documentados y el 28 por ciento de los ciudadanos estadounidenses latinos, era menos probable que se pusieran en contacto con las fuerzas del orden si eran víctimas de un delito, por miedo a que la policía averiguara sobre su condición migratoria o la condición migratoria de sus conocidos.[3] En parte debido a cómo esto afectaba la capacidad de las fuerzas del orden para realizar su trabajo en forma efectiva, y porque el programa 287(g) había generado fuertes críticas y desviaba recursos de las fuerzas del orden hacia tareas que no eran las más efectivas,[4] las jurisdicciones locales trataban de evitar su participación en acuerdos 287(g). Previamente, el programa había sido promovido por personas de opiniones extremas, como Joe Arpaio, el ex alguacil del condado de Maricopa, Ariz., y otras cuya participación en el programa dio lugar al uso de perfiles raciales en forma rutinaria y discriminación en contra de latinos.[5]

Ataca y estigmatiza las políticas locales que generan confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades de inmigrantes, y que defienden los derechos constitucionales de los residentes

La EO amenaza con castigar a localidades (como ciudades y pueblos “santuario”) que limitan su ayuda a las acciones de cumplimiento migratorio federal. El lenguaje de la EO es poco preciso y da al Secretario de Seguridad Nacional y el Procurador General de EE.UU. amplia autoridad para definir qué es una jurisdicción “santuario”. El efecto que se busca es obligar a dichas localidades a revertir su política, amenazándolas con quitarles sus fondos federales y otras penalidades.

Si bien queda por ver cómo se va a implementar esta disposición de la EO, genera dudas constitucionales graves y ya ha creado disputas legales. Parece tratar de forzar a las localidades a cumplir con las “órdenes de detención” federales de ICE. Estas son solicitudes de ICE para que las fuerzas del orden detengan a personas para poder transferirlas a detención inmigratoria, y muchas cortes federales han dictaminado que violan la cuarta enmienda de la Constitución. Esta disposición de la EO es un intento de intimidar a cientos de localidades alrededor del país que han adoptado políticas de “santuario” para poder mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad y presionarlas para que sean cómplices de la violación de la Constitución y las leyes federales por parte del gobierno de EE.UU.

La EO también se propone estigmatizar las jurisdicciones “santuario” ordenando la publicación semanal de una lista de actividades penales cometidas por no ciudadanos que fueron liberados por las localidades que se han negado a detenerlos a pedido de ICE. Este intento por avergonzar públicamente a individuos y localidades cuyas políticas defienden la Constitución y el debido proceso perpetuará y alentará los estereotipos dañinos y xenofóbicos sobre las personas que no son ciudadanas.

Revive el programa “Comunidades seguras”

La EO ordena la reanudación del programa Comunidades seguras.[6] El programa Comunidades seguras era un programa del ICE que permitía tomar las huellas digitales de individuos arrestados a nivel local y estatal, y enviarlas al DHS para identificar a personas con antecedentes migratorios. Si bien el programa presuntamente era para identificar “criminales extranjeros” condenados por infracciones graves, Comunidades seguras se aplicaba a todos los inmigrantes, sin importar que fueran culpables o inocentes, cómo o por qué fueron arrestados, o si fueron arrestados debido a su perfil racial o étnico, o solo como pretexto para verificar su condición migratoria.

El ex secretario de DHS, Jeh Johnson, dijo que “el mero nombre de Comunidades seguras se convirtió en un símbolo de hostilidad general en el cumplimiento de nuestras leyes migratorias”.[7] Numerosas cortes federales han dicho que el cumplimiento por parte de las autoridades estatales y locales de las “órdenes de detención” de ICE, o sea solicitudes de ICE para que las fuerzas del orden detengan a una persona para poder transferirlas a detención inmigratoria, han generado violaciones de la cuarta enmienda de la Constitución. De todas maneras, la EO probablemente creará más órdenes de detención, ya que dispone que se emita una orden de detención para todo no ciudadano deportable que sea arrestado, sin importar cómo o por qué fue arrestado y aunque no lo acusen de haber cometido ningún delito. La resurrección de Comunidades seguras por la EO revivirá los problemas flagrantes creados por el programa antes de que la administración Obama lo suspendiera,[8] y probablemente aumentará también la presencia de ICE en las cárceles locales.


NOTAS

[1] Se puede encontrar el texto completo de la orden en www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united.

[2] Delegación de autoridad de inmigración, sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, www.ice.gov/factsheets/287g#signedMOA.

[3] Nik Theodore, Comunidades inseguras: Percepciones por parte de los latinos de la participación policial en el cumplimiento migratorio (Depto. de Política y Planificación Urbana, Univ. de Illinois en Chicago, mayo 2013), www.policylink.org/sites/default/files/INSECURE_COMMUNITIES_REPORT_FINAL.PDF.

[4] Carta a la Hon. Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., de Lucille Roybal-Allard y otros miembros del Congreso, 12 de diciembre de 2012, https://aclum.org/sites/all/files/legal/287g/letter_napolitano.pdf.

[5] Ver, por ejemplo, “Departamento de Justicia revela las conclusiones de su investigación sobre la oficina del alguacil del condado de Alamance, NC: Revelan un patrón de prácticas discriminatorias de la policía contra los latinos”, Comunicado de prensa del Depto. de Justicia de los EE. UU., 18 de septiembre de 2012, www.justice.gov/opa/pr/2012/September/12-crt-1125.html.

[6] Para obtener más información sobre este programa, vea la publicación del DHS “Comunidades seguras”: Sin reglas para el camino (NILC, mar. 2011), www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/scomm-no-rules-of-road-2011-03-0/.

[7] Memorándum de Jeh Johnson, Secretario del Depto. de Seguridad Nacional de los EE. UU., a Thomas S. Winkowski, et al., Asunto: Comunidades seguras, 20 de noviembre de 2014, www.dhs.gov/sites/default/files/publications/14_1120_memo_secure_communities.pdf.

[8] DHS propone remedios absurdos para curar defectos fundamentales en el programa Comunidades seguras (NILC, julio de 2011), www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/dhs-6-17-11-memos-qa-2011-07/.